La Dirección del Ministerio Público (DPP, por sus siglas en inglés) de Uganda debe retirar con urgencia los cargos de “homosexualidad con agravantes” presentados el 18 de agosto de 2023 contra un hombre de 20 años, que es la segunda persona ugandesa acusada de este delito contemplado en la ridícula Ley contra la Homosexualidad y penado con la muerte. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
“El hecho de que las autoridades ugandesas enjuicien a la gente por su orientación sexual, real o percibida, o por su identidad de género es muy alarmante. Debe ponerse fin a la discriminación y la persecución de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) de este país ”, ha declarado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
junto con otra persona, de 41, en el estadio deportivo de Soroti, en la localidad homónima situada en el este de Uganda, el 15 de agosto de 2023. Los dos hombres fueron detenidos alrededor de la medianoche y llevados a la Jefatura Central de Policía de Soroti por mantener presuntas relaciones sexuales homosexuales, afirmación que la persona acusada negó. Los abogados señalaron que los agentes policiales les dijeron que habían sorprendido a los dos hombres semidesnudos.
“Acusar a esta persona de un delito que acarrea la pena de muerte basándose únicamente en su supuesta orientación sexual es una flagrante violación del derecho internacional. Uganda no sólo debe derogar la Ley contra la Homosexualidad, sino también garantizar la rendición de cuentas por las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen contra la población LGBTI del país”, ha añadido Tigere Chagutah.
La policía puso en libertad al hombre de 41 años el mismo día de la detención, y dijo a los abogados que éste era incapaz de su consentimiento para mantener de relaciones sexuales a causa de su “estado mental” y, por tanto, era víctima de la situación, lo que constituía el “agravante” del supuesto delito. Sin embargo, según una persona portavoz de la Dirección del Ministerio Público, “la víctima era un varón de 41 años con discapacidad”. Los abogados señalaron que la policía no había proporcionado ninguna prueba que corroborara esta afirmación.
El hombre de 20 años estuvo bajo custodia policial hasta el 18 de agosto. Posteriormente lo llevaron al tribunal de magistrados jefes de Soroti, y luego lo recluyeron en la prisión principal de esta localidad hasta el 1 de septiembre, cuando tendrá lugar la mención del caso en ese mismo tribunal. Los abogados del acusado también dijeron a Amnistía Internacional que la policía había efectuado exámenes anales a la supuesta víctima el 16 de agosto.
“Amnistía Internacional se opone rotundamente a toda forma de examen anal para determinar si alguien ha mantenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Estos exámenes violan la prohibición de la tortura y otros malos tratos que establece el derecho internacional.”
Información general
La Ley contra la Homosexualidad, promulgada en mayo de 2023, introdujo la “homosexualidad con agravantes”, definida como las relaciones sexuales mantenidas con una persona de más de 75 años o menor de 18, que no dé su consentimiento, sea incapaz de dar su consentimiento o sufra una discapacidad o enfermedad mental. La pena máxima por el delito de “homosexualidad con agravantes” es la pena de muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.
Según la ONG ugandesa Foro de Sensibilización y Promoción sobre Derechos Humanos (HRAPF), al menos cinco personas han sido acusadas de delitos en aplicación de la ley relativa a las personas LGBTI desde su aprobación. También ha habido denuncias de una oleada de violencia y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas LGBTI de Uganda. Además, esta ONG registró en junio y julio de 2023 un total de 149 casos de violencia contra esta población, incluidos desalojos de casas, pueblos y viviendas en alquiler, y actos de violencia real o amenaza de violencia.
